lunes, 13 de diciembre de 2010

Patricio Fernández Rivero

Un militante leal sin fisuras a Perón y al Movimiento

La verdad sobre la “causa CNU”




Lealtad. Patricio Fernández Rivero (Jefe de la CNU), al centro,  con José Ignacio  Rucci, líder indiscutido del Movimiento Obrero Organizado en los ´70.


A raíz de los acontecimientos de Mar del Plata, donde la casta judicial, extrañamente ahora abanderada de los derechos humanos, abre las puertas al enjuiciamiento de las organizaciones políticas antes de 1976, hacemos algunas apreciaciones:

Los responsables del proceso de reorganización nacional que se apoderaron del Estado, persiguieron al peronismo y entregaron la Patria, pretenden ahora con una gran mentira demostrar en las defensas en sus juicios, que esto se habría iniciado en el Gobierno democrático de Juan Domingo Perón, a raíz del enfrentamiento entre distintas organizaciones políticas.

Esta defensa coincide sospechosamente con la versión histórica de un sector de la izquierda antiperonista que impulsa la apertura de estas causas previas al Golpe, como lo es la de la CNU Mar del Plata, que está desprovista de cualquier viso de legalidad y fue impulsada por el Tribunal Oral Nº 3 y la Cámara de Mar del Plata.

Patricio Fernández Rivero, detenido en esta causa, no es un represor ni culpable de los delitos que se le atribuyen. Fue uno de los tantos jóvenes que, a partir de la década del 60, se suman a la épica tarea de cumplir con el sueño de años del Pueblo argentino: el retorno de Perón a la Patria luego de su derrocamiento por un Golpe de Estado.

Patricio milita en uno de los momentos más difíciles de la historia argentina, en el marco de la violencia de los distintos regímenes militares y de la proscripción del movimiento justicialista. Desde su asunción del peronismo como única doctrina posible para la liberación de la Patria y la aceptación de la conducción indiscutida de Perón, participa activamente de los Planes de Lucha de la CGT, como el inolvidable “lucha y vuelve”.

Fue muy amigo de José Ignacio Rucci, aquel que dijera, haciéndose eco del anhelo de su pueblo, “ya no hay más margen de maniobra para nadie, sólo habrá paz con el retorno de Perón a la Patria”.

Participó de las reuniones con Perón ya en el País y la Juventud Peronista, como uno de los dirigentes de esa generación. Formó parte luego del triunfo electoral del General del Consejo Superior Peronista que él designó.

Una de las cuestiones que se le imputan a la organización política que hoy persiguen estos jueces, es la supuesta relación con López Rega, porque los ignorantes de siempre, reinventan la Historia en función de sus intereses espurios, reorganizan el proceso histórico con la mira puesta en probar la relación del CNU con el Estado. Es mentira: entre el Ministro de Bienestar Social y la CNU sólo hubo enemistad. Así lo prueban los archivos de fotos que muestran la movilización de la Central de trabajadores y dicha organización política pidiendo la destitución de López Rega al Gobierno de Isabel.

La Cámara de Mar del Plata investiga la supuesta asociación ilícita que existiría dentro de la organización política. Claro que los primeros que ordenaron la disolución de la CNU, como la de otras organizaciones políticas, justamente por asociación ilícita, fue precisamente la Junta Militar de 1976, mediante decreto señalando la peligrosidad de sus integrantes (que obviamente los jueces actuales suscriben).

Así como la supuesta relación entre el proceso militar y la CNU, o como dijera Página 12 la CNU como catacumba del terrorismo de Estado, es otra mentira flagrante que como dijimos deviene nuevamente del intento de instalar la idea de que el inicio de la Dictadura hay que buscarlo en el peronismo y su gobierno democráticamente elegido por el 67% de los votos.

Que existen personajes de todas las organizaciones políticas, incluidas las de la mal llamada izquierda peronista, que individualmente colaboraron con el proceso, es a todas luces cierto. Las razones para que ello sucediera son múltiples. Ahora bien, la Dictadura vino por el peronismo y no hizo distinciones. Así el Secretario Político de Patricio fue torturado y tuvo que exiliarse en Paraguay, otros integrantes fueron encarcelados, como es el caso de uno de los imputados en esta causa, muchos se fueron del País y todos fueron muertos civiles al ser declarados prescindentes.

Patricio ya en Córdoba participó del primer paro general de la CGT Regional Córdoba, contra la Dictadura, arriesgando como tantas veces lo hiciera su vida por el Pueblo argentino, ya que firmó con su nombre la convocatoria de 1979 a dicho paro, y por ello tuvo que irse de su casa, estar fugado, mientras lo buscaban en el barrio en el que transcurrió su vida después del 76. Su historia en todos los sentidos es la del movimiento al que él le juró su lealtad.

Evidentemente el mal que produjo es ese, el de la lealtad sin fisuras a un Jefe, Perón, y al movimiento que el Pueblo argentino por tres veces eligió con su voto. Cuando una nueva etapa de recuperación del movimiento nacional se ha abierto en el País, retorna de forma soterrada, desviada, mentirosa la persecución del peronismo. Porque Patricio es peronista, lo conocemos bien.

El 20 de junio de 1974, tuvo el accidente que le costó el brazo y la salud para toda la vida. Salió del hospital pesando 41 kilos y estuvo refugiado en distintos lugares para recuperarse, recuperación que nunca fue total. El testimonio falaz y endeble de una persona lo sitúa en Mar del Plata la noche de los hechos de marzo del 75, pero en realidad lo que están desesperados todos por juzgar es su militancia política al servicio de un líder y de un pueblo.

Basada sólo en un mentiroso testimonio y en su militancia “la justicia” lo persigue hoy,  pero es la Historia la que lo absolverá.

Toda su vida la dedicó a una causa, la de la Patria y la del Pueblo, causa que ninguno de los acusadores entendería jamás porque están siempre velando por sus intereses mezquinos, pero como él dijo cuando esperaba en su casa la detención “no ha nacido el Hombre que escape a su destino y si éste es el último sacrificio que la Patria me exige, lo voy a hacer”.

Pero como siempre cantabas, porque como tu pueblo, siempre cantaste y muy bien, nosotros cantamos: “dicen que los chapetones ya nos cuentan redotados, es que no han caido en que somos, pocos pero bien montaos”. La victoria finalmente va a ser de nuestro Pueblo.

El asesinato del dirigente de CNU Ernesto Piantoni


El reflotamiento de la causa contra ex militantes de la Concentración Nacional Universitaria, se refiere a hechos que tuvieron lugar luego del asesinato de quien era el jefe en Mar del Plata de esa organización peronista, Ernesto Piantoni. Quienes impulsan esa causa no dudan en calificar de “asesinos de ultraderecha” a los militantes de la CNU y de “rama de la triple A” a esta organización.
Pero, ¿quién fue, qué hizo en realidad Piantoni?. Al cumplirse 35 años de su asesinato, el 20 de Marzo de 2010, un testigo de lo que se vivió en aquella época trágica, nos brinda un relato que nos muestra la otra cara de la moneda, la verdad que se calla. Se trata de Alberto Castagnoli, quien publicó una nota sobre lo ocurrido en aquellos años y la militancia de Piantoni,

Castagnoli recuerda que Ernesto Piantoni era un “dirigente político justicialista, asesor de la delegación Regional Mar del Plata de la Confederación General del Trabajo. Lo que voy a narrar, -destaca- devela ciertos detalles que no coinciden con la historia oficial, pero viví esa época y con mi verdad se los comento”


¿Quién era Piantoni?

“Ernesto Piantoni, era un brillante abogado que a principios de 1970, junto con otros abogados peronistas, políticos de la misma ideología, creó la denominada Concentración Nacional Universitaria (CNU)”.

“Eran tiempos de la dictadura de Lanusse y ya el pueblo estaba presionando para que se restableciera el sistema democrático y fundamentalmente deseaba gran parte de la ciudadanía que se dejara volver a la Patria al General Juan Domingo Perón, derrocado el 16 de setiembre de 1955 y que estaba exiliado en Madrid. En aquellos años Ernesto Piantoni, brindaba charlas periódicas en un hotel ubicado en Entre Ríos y Belgrano, donde concurrían jóvenes que militaban en el peronismo en el ámbito estudiantil y gremial”.

“Ya comenzaba la disputa política entre grupos peronistas y de la izquierda. Esas diferencias subieron de tono y se iniciaba una escalada de violencia con decenas de muertos en Mar del Plata en la década del 70. El 6 de diciembre de 1971 comenzó la tragedia. Ese día en el aula magna de la Universidad Provincial de Mar del Plata, hubo una asamblea de la que participaron estudiantes y estaban presentes militantes de la CNU y de grupos izquierdistas. En ambos sectores había gente armada”

De las discusiones verbales, se pasó a la violencia física y se efectuaron disparos, uno de los cuales causó la muerte de la estudiante Silvia Filler. El juez interviniente, Hermegildo Martijerna, caratuló el hecho como “homicidio en riña”, y varios integrantes de la CNU recibieron condenas de prisión. Castagnoli señala que “murió Filler….pero bien podría haber sido que la victima hubiera sido otra y su ejecutor alguno del sector izquierdista que también, se dijo, estaban armados”. Ernesto Piantoni no estuvo en esa asamblea y cuando se enteró de lo ocurrido se enojó con los responsables de ese irracional proceder que terminó con la vida de una estudiante. Pero ya la CNU estaba demonizada para la mayoría de la sociedad marplatense.

Defender a Perón

“En 1974, ya era presidente de la Nación por tercera vez el Teniente General Juan Domingo Perón.
Se acentuó la lucha política entre los sectores de izquierda y derecha del peronismo. En ambos sectores, la mayoría se encuadró detrás de la figura de Perón y apoyando el sistema democrático”.
Por ejemplo, un sector de la organización Montoneros “que había integrado la resistencia peronista, como un acto simbólico quemó armas en Rosario y surgió la denominada JUVENTUD PERONISTA LEALTAD”. Pero los asesinatos de dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles continuaron, con el claro objetivo de boicotear al gobierno de Perón

“Uno de los crímenes fue precisamente el 20 de marzo de 1975 en Mar del Plata, cuando Ernesto Piantoni fue ultimado de varios balazos mientras se desplazaba en su automóvil Citroen 3CV.
Mientras se velaban los restos del joven dirigente, esa noche se vivió el terror el Mar del Plata.
En aquel tiempo vivía en Santa Fe y Rivadavia, en pleno centro de Mar del Plata, y ya a partir del anochecer nadie andaba por la calle. Se veían autos particulares, en la mayoría Peugeot 504, si mal no recuerdo, que además del conductor otras personas, abriendo el techo del vehículo, portaban ametralladores. Se habían suspendido las actividades por un paro de la CGT en repudio a los asesinos de Piantoni. El 21 de marzo de 1975 la población tuvo detalles de lo que había sido una noche de terror. Pacho Elizagaray, hijo de un diputado peronista y dos personas mas de apellido Videla fueron asesinados”.

“La historia prosiguió con más violencia. Al igual que Montoneros, dentro de la CNU, hubo un sector que continuó haciendo política dentro del marco democrático y otro que se volcó a la violencia armada”. Piantoni era un hombre de paz y la mayoría de los jóvenes que militaban en la CNU, también. “Tal es así que junto a la CGT y el resto del peronismo lograron desalojar del gobierno AL NEFASTO JOSE LOPEZ REGA, CREADOR DE LA BANDA DE CRIMINALES TRIPLE A.
En este contexto histórico, era asesinado hace 35 años Ernesto Piantoni”

(La nota completa de Castagnoli, con quien –valga la aclaración – no compartimos algunos de sus conceptos, puede consultarse en:

  

Piero Asaro: ¿VICTIMARIO O VÍCTIMA?


Uno de los imputados en la “causa CNU” es Piero Asaro. Públicamente se lo acusa de integrar una “banda de ultraderecha” que colaboró con el nefasto “proceso militar”. Asaro fue un militante peronista y quienes livianamente levantan estos cargos, simulan ignorar que fue perseguido, secuestrado e ilegalmente detenido durante meses por el  gobierno militar. Lo que ocurrió lo relatan sus familiares en el siguiente texto que publicó el diario La Capital de Mar del Plata (30 de Noviembre de 2010). 

 “¡Asaro, basura, vos sos la dictadura!”, gritaba en la tarde de hace unos días un grupo de jóvenes. Se apuntaba así a Piero Asaro precisamente.
La madrugada del 14 de agosto de 1976 un grupo individuos vestidos de civil que manifestaron venir en nombre del gobierno militar irrumpió en el hogar en el que Piero Asaro vivía.
Ostentando armas largas amenazaron a sus padres y procedieron literalmente a dar vuelta la casa, destruyendo muebles y enseres domésticos. Mientras un miembro del grupo encontró una foto del General Perón y, tras romper el vidrio que la cubría, acercó los cristales astillados a la boca de Piero obligándolo a posar sus labios sobre las astillas mientras le decía: “Ahí lo  tenés a tu jefe, besálo”. Se mofaron además de que entre las pertenencias de Piero encontraron discos de música clásica.
Luego se lo esposó, encapuchó y secuestró, trasladándolo en el baúl de un automóvil. Rato después le pareció apreciar que la caravana de móviles cambiaba su rumbo, hasta que después de un tiempo frenaron y lo hicieron descender. El detenido ignoraba dónde había sido conducido. Sólo años después se enteraría de que el lugar era el destacamento policial de Santa Clara del Mar.
Allí, encapuchado y en medio de un coro de órdenes bruscas e improperios, fue confinado en solitario en un habitáculo del cual sólo se lo sacaba, siempre encapuchado, para aliviar sus necesidades fisiológicas, sin recibir alimentos ni agua.
Después de varios días se le quitó la capucha y se lo condujo hasta un pequeño patio, donde se le comunicó que su situación se había literalmente “blanqueada”, en un tono que hacía presumir: “De la que te salvaste”.
Con posterioridad fue trasladado a la seccional primera, donde permaneció en una estrecha celda individual en calidad de incomunicado durante varios días, con la sola ventaja de que a esa altura le debe haber parecido toda una reivindicación  recibir algún alimento.
Una vez levantada la incomunicación, le hicieron saber que como detenido había pasado a depender en calidad de detenido político de la jurisdicción del Gada 601, cuya titularidad estaba en manos del coronel Barda.
Tiempo después fue trasladado a lo que en ese momento se conocía como subcomisaría de Peralta Ramos, en Punta Mogotes, donde fue sometido a tratamiento severo en lo que se denominaba “Area Restringida – ZonaMilitar” que ocupaba parte de la sede policial.
Meses después, fue liberado y todo lo actuado consta en el expediente nº 535 del Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata.
Volvamos al presente. Piero Asaro es hoy acusado, en virtud de un testimonio de segunda o tercera mano, o sea sin conocimiento directo de los hechos, de un crimen que no cometió, y padece la sospecha gratuita de haber formado parte de una supuesta asociación ilícita.
Quienes conocen su trayectoria, siempre pública y transparente, podrán dar fe de que, por su conducta y forma de actuar,  jamás podría haber cometido tal delito.
Sin embargo voces irresponsables afirman una supuesta culpabilidad de su parte, sin ninguna evidencia concreta. Tal actitud no tiene, o al menos no debería tener, relevancia jurídica. Nadie piensa en el daño irreparable que dichas afirmaciones generan en su vida tanto familiar como comercial. Asaro entonces, según vociferan, es la dictadura.
En virtud de lo antedicho proponemos a quien lea estas líneas la siguiente reflexión: ¿Dictadura desde el punto de vista de los victimarios, o desde el punto de vista de las víctimas? 

martes, 7 de diciembre de 2010

Una maniobra contra el gobierno de Cristina Kirchner





¿Delitos de lesa humanidad ANTES del 24 de Marzo de 1976?

Apuntan a instalar divisiones en el peronismo para debilitar al gobierno nacional 


Desde hace un tiempo, desde distintos sectores, algunos de ellos incluso alineados con el gobierno que encabeza Cristina Kirchner y el proyecto nacional y popular de su gobierno, se viene impulsando el juzgamiento de hechos de violencia ocurridos en el país antes del nefasto 24 de Marzo de 1976, en el marco de los enfrentamientos que ocurrieron entre distintas corrientes del peronismo,  valga como síntesis entre la “patria peronista” y la “patria socialista”. Es así que, por ejemplo, por un lado se han iniciado causas para investigar el asesinato del ex secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci (septiembre de 1973), y por otro los hechos que se imputan a ex militantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata, luego del homicidio de quien era su jefe en esa ciudad, Ernesto Piantoni, asesor además de la CGT local (Marzo de 1975.
El argumento para reabrir  causas por hechos que en realidad están prescriptos, es que por tratarse supuestamente de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, según los acuerdos internacionales que ha suscripto el país. En el caso de los delitos por los que se acusa a organizaciones armadas –caso Montoneros -, la justicia argentina ya ha rechazado en un caso concreto que pueda aplicarse la calificación de lesa humanidad, pero siguen abriéndose causas, y es importante señalar que para algunos centros de influencia política a nivel mundial, -como por ejemplo para el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo – esos delitos también deberían ser considerados imprescriptibles.

No son de lesa humanidad

Pero tampoco en el caso de los hechos que se imputan a ex integrantes de agrupaciones peronistas que permanecieron  leales primero al gobierno del General Perón y luego a su legítima sucesora constitucional, Isabel Perón,  es aplicable el criterio de lesa humanidad – imprescriptibilidad,  como lo dictaminó certeramente en su momento el fiscal general federal de Mar del Plata, Juan Manuel Petigiani, en la causa abierta contra militantes de la CNU. El argumento esencial es que esos crímenes fueron consecuencia de la disputa violenta entre sectores políticos del peronismo “ortodoxo”  por un lado y de sectores de la “tendencia revolucionaria” y de la izquierda antiperonista por otro, que respondieron a un crimen con otro crimen; pero no pueden ser calificados de delitos de lesa humanidad porque falta una condición esencial: no formaron parte de una política del Estado dirigida contra un sector de la población civil –en este caso por razones político –ideológicas – ni fueron cometidos por una organización que tuviese control de un territorio determinado y pudiese sustituir allí al propio Estado. Esta argumentación está desarrollada en la nota que reproducimos “Nobleza Obliga”, que explica claramente este encuadre jurídico, más allá de que no compartamos algunos conceptos del autor del artículo. Por ese fallo, Petigiani fue injustamente separado de la causa CNU.
El Estado argentino, durante los gobiernos que encabezaron Juan Perón e Isabel Perón, nunca tuvo una política de exterminio de ningún sector ideológico, se enfrentó con los distintos sectores políticos que, de manera conciente o no, mellaban la posibilidad de recuperar, desde el gobierno constitucional de indudable legitimidad y apoyado por la inmensa mayoría del pueblo argentino, la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo, que eran las causas por las que había peleado el Movimiento durante la resistencia.  Totalmente diferente es la situación posterior al 24 de Marzo, cuando los militares usurpan el poder, rebelándose contra su comandante en jefe – el presidente – y cometen el delito de traición a la Patria, el primero por el que tendrían que haber sido juzgados los responsables del “proceso”, que entregó al país a los centros de poder mundial, destruyó las conquistas que había logrado el pueblo argentino desde 1945 y no trepidó para  ello en masacrar a miles de argentinos.  

Dividir y desestabilizar

Es notable, pero no extraño, que la causa CNU, fogoneada por sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos, así como los reclamos para investigar hechos de violencia efectuados por la guerrilla, hayan tenido un renovado impulso luego de la muerte del compañero Néstor Kirchner, quien conducía el proyecto nacional y popular de reconstrucción del país luego de más de 25 años de destrucción neoliberal.
En efecto, la continuidad del  proyecto, que desde ahora conduce la presidenta,  exige de la unidad de todas las corrientes políticas comprometidas con la reconstrucción de la Argentina iniciada en 2003, más allá de las diferentes posiciones que se hayan podido asumir ante cuestiones puntuales. Y por sobre todo, requiere de la mayor unidad posible del Movimiento Peronista, objetivo hacia el cual ha dado señales muy claras Cristina Kirchner, en el sentido de incluir a todos, salvo residuos del menemismo sin mayor gravitación política.
Precisamente, contra ese objetivo fundamental apuntan quienes, desde la derecha o la izquierda, fogonean ahora la reapertura de estas causas. Apuntan a que se reiteren las divisiones ideológicas, las confrontaciones políticas, que debilitaron al gobierno peronista y contribuyeron a su derrocamiento en 1976.
Pretenden incluso –está claro en el discurso de las usinas ideológicas de estos sectores – terminar acusando a Perón de ser el responsable de haber iniciado “la represión contra las organizaciones populares”, política que luego se prolongó –como si todo fuesen etapas de un mismo proceso – en la terrible dictadura militar que hundió  al país.
Por eso creemos que los peronistas, cuando la Argentina tiene una oportunidad única de volver a afirmarse como una Nación con Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, no debemos caer en la trampa de reactivar las confrontaciones que tanto daño nos hicieron.  A esto sí que le debemos decir “nunca más”.
Los editores











 Lealtad. Patricio Fernández Rivero (centro), Jefe de CNU, con José Ignacio  Rucci, líder indiscutido del Movimiento Obrero Organizado en los ´70. Ahora, Fernández Rivero, es acusado de ultraderechista.  ¿Por qué? ¿Por ser peronista, por APOYAR  el Gobierno del líder indiscutido del PUEBLO ARGENTINO?

  Viglizo habla en un acto de la CNU junto a Rucci, una de las tantas acciones del Movimiento Peronista por el retorno de Perón a la Argentina. ¿Ahora son Ultraderechistas?


CNU en el desfile recibimiento al Gral Perón

¿Por qué fué separado de la causa "CNU Mar del Plata" el Fiscal Petigiani?

Queremos compartir con Uds.  esta nota aparecida en
http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/26770-nobleza-obliga/
 donde se resumen los argumentos del fiscal general Juan Manuel Petigiani quien luego de emitir su dictamen fue separado de la causa que investiga hechos ocurridos en un momento extremadamente conflictivo de la historia argentina que enfrentó adistintos sectores del peronismo y de la política nacional.


El fiscal general Juan Manuel Pettigiani afirmó en su dictamen que los delitos cometidos por la CNU no reúnen las condiciones para ser considerados de lesa humanidad. No alcanza con que hayan sido atroces, y dirigidos a civiles. Nadie quiere la impunidad, pero tampoco torcer las normas.

Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se expidió con el objetivo de analizar la actividad local de grupos políticos vinculados a organismos públicos nacionales de carácter administrativo, educativo, militar, policial o judicial, y su participación en diversos  homicidios ocurridos en este ámbito. Su resolución es digna de ser puesta en foco.
Se sabe que la impunidad también es un delito de Estado, pues a él le corresponde la obligación de investigar las violaciones a los Derechos Humanos, como la condena al responsable de todo delito cometido bajo su  jurisdicción. Pero es necesario evaluar cuáles son técnicamente las posibilidades de aplicar proceso a aquellos delitos cometidos en circunstancias particularísimas.
Es por eso que el fiscal se centra en evaluar el contexto en el cual se llevaron a cabo los crímenes adjudicados a la Concentración Nacional Universitaria, que son previos a la dictadura militar del ‘76.
En aquellos años, la nueva autoridad de la Universidad Provincial, Pedro Arrighi, cambió la orientación vigente hasta entonces, y comenzaron los enfrentamientos entre gente de la Universidad Provincial y de la Universidad Católica, como María del Carmen Maggi y el propio cardenal Pironio. Victorio Calabró, a cargo de la Provincia, quería preservar una buena relación con la Iglesia; por eso dejó cesante a Arrighi, y con él a todas las designaciones que éste había efectuado. Fue el 23 de abril de 1974.
Según registra el fiscal, a partir de allí la CNU comenzó con amenazas y pintadas en que relacionaban a Pironio con Montoneros. Se repetía el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del peronismo que ya existía en el orden nacional.
Uno de los rectores que sucedieron a Arrighi fue Eulogio Mendiondo, quien debido a la presión de la CNU que quería reingresar al manejo de la universidad, renunció en octubre de 1974. Pero él y las autoridades de la Universidad Católica, el 31 de julio de 1974 habían firmado un convenio poniendo las bases para la transferencia de ambas entidades a la jurisdicción nacional.
El 28 de mayo de 1975 asumió, con la Universidad Provincial ya nacionalizada, el Delegado Organizador con funciones de rector normalizador, Josué Catuogno: se prorrogaba la intervención hasta el 30 de setiembre.

Ahora bien

Todos aquellos que estén en condiciones de recordar los años de plomo sabrán de la confusión, de los crímenes cruentos sostenidos por la intolerancia ideológica, y de la complicidad del Estado con determinadas conformaciones irregulares de los comandos de acción. Pero no alcanza.
Para que exista un crimen de lesa humanidad, afirma el fiscal, debe tratarse del Estado -u organizaciones semejantes a un Estado- que desee ejercer el control fáctico sobre un territorio, quien sea responsable de las políticas definidas como delitos contra la humanidad: “la figura de los crímenes contra la humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado”.
La síntesis que subraya el fiscal general dice que entre los años 1974 y 1976, en Mar del Plata operó la Concentración Nacional Universitaria, organización que actuaría como célula local. Que algunos de los integrantes de la CNU actuaban en las estructuras públicas universitarias y judiciales; contaban con contactos con las fuerzas armadas, especialmente en sus aparatos de inteligencia, y con la tolerancia de la policía provincial para el desarrollo de los planes. Detalla que dicha célula realizó una gran cantidad de hechos ilícitos de diversas características. Su actividad incluyó homicidios, diferentes clases de robos, amenazas, tenencia de armas de uso prohibido y uso de documentación falsa.
Refiere y sostiene que los homicidios se dirigían sistemáticamente a opositores ideológicos, y que su modo de operar consistía en seleccionar la víctima, mediante tareas de inteligencia, precisar sus actividades, proceder a su secuestro en horas de la noche, y posteriormente a la ejecución de una forma tan salvaje que resultara “ejemplar”.
Asegura Pettigiani que dicha actividad podría haber contado -a juzgar por el testimonio de vecinos- con la zona liberada que generaba la policía provincial, que siempre aparecía con posterioridad a los hechos, y la impunidad que aseguraba la intervención de la justicia federal, que procedía indefectiblemente al archivo de las actuaciones, sin actividad investigativa alguna.  
Ahora bien: a los fines de determinar si los hechos expuestos constituyen delitos comunes o delitos contra la humanidad, es necesario tener en cuenta varios aspectos. Se debe tratar de actos atroces, deben ser parte de un ataque generalizado o sistemático, y las víctimas deben ser parte de la población civil. Además, el ataque debe ser el resultado de la política de un Estado o de una organización para promover su política.

Resultado

Considera el fiscal que existió en Mar del Plata la práctica política de algunas personas, integrantes de la organización Triple A, en la forma celular local de la CNU, destinada a eliminar por medio del homicidio y otros actos atroces, en forma sistemática, a través de una implementación orquestada y organizada, a personas de sectores vinculados con organizaciones que podríamos generalizar como de la izquierda ideológica. Esto permite satisfacer los tres primeros puntos del examen propuesto. 
El punto decisivo se presenta con el último inciso, ya que debe tratarse de la política de una organización estatal o asimilable al Estado: “para que los hechos atroces constituyan delitos contra la humanidad, deben ser la expresión de la voluntad totalitaria de un Estado dirigida contra un sector de la población civil, en este caso, por razones políticas-ideológicas”. Deben ser parte de la política de un Estado o de una organización para promover esa política.
Luego, cita al Procurador: “aun cuando la fuerza que impulsa la política de terror y/o persecución no sea la de un gobierno, debe verificarse el requisito de que al menos debe provenir de un grupo que tenga control sobre un territorio o pueda moverse libremente en él”.
Este requerido control absoluto no puede verificarse con la vigencia de un sistema republicano, donde los poderes se contrapesan y están sujetos al monitoreo de la sociedad civil, a través de sus entidades intermedias, como la prensa, y en el período que nos ocupa, particularmente, de los sindicatos, los empresarios y las fuerzas armadas.
Considera Pettigiani que la actividad de la CNU en la ciudad de Mar del Plata estaba desconectada del contexto nacional, a pesar de la inserción expuesta en las instituciones locales. Por eso, no pueden considerarse sus actividades como una práctica estatal, lo cual se requiere para aplicar el concepto de delitos contra la humanidad. En ese momento, la vida política e institucional de la ciudad de Mar del Plata transcurría por otros carriles, al punto que la intendencia local estaba en manos del socialismo.
Recién a partir del 24 de marzo de 1976, el Estado se transformó en una maquinaria que produjo la más grande tragedia de nuestra historia. Dice el fiscal: “constituye un error histórico, y jurídico, equiparar el período posterior a enero de 1976, con el período previo. Hasta fin del año 1975 funcionaba una democracia constitucional (…) Es esta voluntad totalitaria, concretada el 24 de marzo de 1976 -la que repetimos no puede presentarse en una democracia constitucional-, dirigida contra la población civil a través de actos atroces, la que se castiga con la categoría de delitos de Lesa Humanidad”.
Este dictamen, ajustado a derecho, que se suma a los parámetros del Tribunal Supremo de España –en el caso de Isabel Martínez de Perón-, fue ignorado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata bajo la orientación de los jueces Roberto Atilio Falcone y Mario Portela.
La situación creada hoy, híper amplificada por el diario La Capital, no guarda ni respeta las garantías constitucionales del estado de derecho.