¿Delitos de lesa humanidad ANTES del 24 de Marzo de 1976?
Apuntan a instalar divisiones en el peronismo para debilitar al gobierno nacional
Desde hace un tiempo, desde distintos sectores, algunos de ellos incluso alineados con el gobierno que encabeza Cristina Kirchner y el proyecto nacional y popular de su gobierno, se viene impulsando el juzgamiento de hechos de violencia ocurridos en el país antes del nefasto 24 de Marzo de 1976, en el marco de los enfrentamientos que ocurrieron entre distintas corrientes del peronismo, valga como síntesis entre la “patria peronista” y la “patria socialista”. Es así que, por ejemplo, por un lado se han iniciado causas para investigar el asesinato del ex secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci (septiembre de 1973), y por otro los hechos que se imputan a ex militantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata, luego del homicidio de quien era su jefe en esa ciudad, Ernesto Piantoni, asesor además de la CGT local (Marzo de 1975.
El argumento para reabrir causas por hechos que en realidad están prescriptos, es que por tratarse supuestamente de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, según los acuerdos internacionales que ha suscripto el país. En el caso de los delitos por los que se acusa a organizaciones armadas –caso Montoneros -, la justicia argentina ya ha rechazado en un caso concreto que pueda aplicarse la calificación de lesa humanidad, pero siguen abriéndose causas, y es importante señalar que para algunos centros de influencia política a nivel mundial, -como por ejemplo para el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo – esos delitos también deberían ser considerados imprescriptibles.
No son de lesa humanidad
Pero tampoco en el caso de los hechos que se imputan a ex integrantes de agrupaciones peronistas que permanecieron leales primero al gobierno del General Perón y luego a su legítima sucesora constitucional, Isabel Perón, es aplicable el criterio de lesa humanidad – imprescriptibilidad, como lo dictaminó certeramente en su momento el fiscal general federal de Mar del Plata, Juan Manuel Petigiani, en la causa abierta contra militantes de la CNU. El argumento esencial es que esos crímenes fueron consecuencia de la disputa violenta entre sectores políticos del peronismo “ortodoxo” por un lado y de sectores de la “tendencia revolucionaria” y de la izquierda antiperonista por otro, que respondieron a un crimen con otro crimen; pero no pueden ser calificados de delitos de lesa humanidad porque falta una condición esencial: no formaron parte de una política del Estado dirigida contra un sector de la población civil –en este caso por razones político –ideológicas – ni fueron cometidos por una organización que tuviese control de un territorio determinado y pudiese sustituir allí al propio Estado. Esta argumentación está desarrollada en la nota que reproducimos “Nobleza Obliga”, que explica claramente este encuadre jurídico, más allá de que no compartamos algunos conceptos del autor del artículo. Por ese fallo, Petigiani fue injustamente separado de la causa CNU.
El Estado argentino, durante los gobiernos que encabezaron Juan Perón e Isabel Perón, nunca tuvo una política de exterminio de ningún sector ideológico, se enfrentó con los distintos sectores políticos que, de manera conciente o no, mellaban la posibilidad de recuperar, desde el gobierno constitucional de indudable legitimidad y apoyado por la inmensa mayoría del pueblo argentino, la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo, que eran las causas por las que había peleado el Movimiento durante la resistencia. Totalmente diferente es la situación posterior al 24 de Marzo, cuando los militares usurpan el poder, rebelándose contra su comandante en jefe – el presidente – y cometen el delito de traición a la Patria, el primero por el que tendrían que haber sido juzgados los responsables del “proceso”, que entregó al país a los centros de poder mundial, destruyó las conquistas que había logrado el pueblo argentino desde 1945 y no trepidó para ello en masacrar a miles de argentinos.
Dividir y desestabilizar
Es notable, pero no extraño, que la causa CNU, fogoneada por sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos, así como los reclamos para investigar hechos de violencia efectuados por la guerrilla, hayan tenido un renovado impulso luego de la muerte del compañero Néstor Kirchner, quien conducía el proyecto nacional y popular de reconstrucción del país luego de más de 25 años de destrucción neoliberal.
En efecto, la continuidad del proyecto, que desde ahora conduce la presidenta, exige de la unidad de todas las corrientes políticas comprometidas con la reconstrucción de la Argentina iniciada en 2003, más allá de las diferentes posiciones que se hayan podido asumir ante cuestiones puntuales. Y por sobre todo, requiere de la mayor unidad posible del Movimiento Peronista, objetivo hacia el cual ha dado señales muy claras Cristina Kirchner, en el sentido de incluir a todos, salvo residuos del menemismo sin mayor gravitación política.
Precisamente, contra ese objetivo fundamental apuntan quienes, desde la derecha o la izquierda, fogonean ahora la reapertura de estas causas. Apuntan a que se reiteren las divisiones ideológicas, las confrontaciones políticas, que debilitaron al gobierno peronista y contribuyeron a su derrocamiento en 1976.
Pretenden incluso –está claro en el discurso de las usinas ideológicas de estos sectores – terminar acusando a Perón de ser el responsable de haber iniciado “la represión contra las organizaciones populares”, política que luego se prolongó –como si todo fuesen etapas de un mismo proceso – en la terrible dictadura militar que hundió al país.
Por eso creemos que los peronistas, cuando la Argentina tiene una oportunidad única de volver a afirmarse como una Nación con Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, no debemos caer en la trampa de reactivar las confrontaciones que tanto daño nos hicieron. A esto sí que le debemos decir “nunca más”.
Los editores
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